Migración y pobreza: los efectos tras la Liberalización del arroz en el DR-CAFTA

El tiempo se agota para los productores de arroz, los plazos contemplados en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, DR-CAFTA incluyen la desgravación total de los aranceles al arroz para el año 2023, lo que perjudicaría a cientos de pequeños productores de arroz.

El mayor efecto se debe a que cuando se ratificó dicho acuerdo por los 7 países, Estados Unidos se comprometió a eliminar los subsidios a la producción agrícola que es multibillonaria, sin embargo, estas prácticas desleales continúan en el comercio. Estados unidos es uno de los exportadores más grandes a nivel mundial, país que otorga subvenciones permanentes a sus productores por medio del Farm Bill de hasta un 40% del total de los ingresos de los agricultores. El libre comercio con semejantes distorsiones por subsidios no puede existir, esto solo provocará la pérdida del cultivo del arroz.

La Asociación Guatemalteca del Arroz -ARROZGUA-, la Gremial de Molineros de Arroz de Guatemala –GREMARROZ, la Asociación de Productores de Arroz de Guatemala -APAGUA- la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Oriente –AMEPAO, y representantes de APAGUA Norte y APAGUA  Costa Sur, han advertido en reiteradas ocasiones la implicación que esta situación plantea, solicitando que se cumpla con la función de la Comisión de Revisión Agrícola, establecida en el CAFTA por el articulo 3.18, especialmente en materia de arroz, ya que no han considerado a los sectores afectados con la liberalización comercial, como el cultivo de arroz, que en caso de continuar el incumplimiento, desaparecerá con estas medidas, generando un incremento de la pobreza y las migraciones hacia Estados Unidos de América.

El arroz es un cultivo que tiene implicaciones sociales y económicas, porque está producido en su mayoría por pequeños productores, de comunidades con altos niveles de pobreza y desnutrición que sin un ingreso para sus hogares, tienden a migrar interna y externamente. Económicamente el cultivo es muy importante para la seguridad y soberanía alimentaria del país, es el tercer grano básico más consumido. Hay maneras de resolver esta situación y evitar matar la producción nacional y regional por medio de la comisión de revisión agrícola del DR-CAFTA, un foro en el cual se deben hacer los análisis pertinentes y a profundidad de las consecuencias que traerá la liberación del arroz, dicha comisión debe hacer recomendaciones que garanticen la supervivencia de los productores nacionales de arroz y el Ministerio de Economía debe actuar inmediatamente”, expresó Sergio García, Presidente de Asociación Guatemalteca del Arroz-ARROZGUA.

Ante esta situación es necesario que las autoridades del país ayuden a conservar la estabilidad económica de más de 264 mil personas que dependen de dicho cultivo y su cosecha.

Hacemos de conocimiento público que desde el año 2018 se ha tratado de sensibilizar a las autoridades de comercio exterior de Guatemala para que actúen de conformidad con lo estipulado en el artículo 3.18 de El Tratado. Sin embargo, a pesar de haber establecido la Comisión de Revisión Agrícola, en noviembre del año 2019 con un año de retraso, la misma no ha efectuado un análisis profundo como establece el mismo Tratado en materia agrícola y especialmente en relación al arroz” expresó Álvaro Padilla, Presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Guatemala-APAGUA.

«Es claro que hay una situación de desventaja para nuestros productores y queremos que se realice una revisión de la implementación y operación del DR-CAFTA tanto para Guatemala como a nivel regional, así como los efectos que la liberación puede ocasionar en el país» declaró Elías Ramos – representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas de Oriente-AMEPAO.

Si el DR-CAFTA no soluciona esta situación basado en su mandato, será responsable de una Causa Estructural de la Migración más, ya que el cultivo del arroz genera empleo para 22,500 personas de forma directa y más de 30 mil empleos indirectos, beneficiando a las 264 mil personas que dependen de su cultivo, con unas 14,400 hectáreas sembradas en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, San Marcos, Retalhuleu, Jutiapa, Chiquimula, Petén, Quiché, Izabal, Alta y Baja Verapaz, San Marcos y Quetzaltenango.

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